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Mundo sostenible

COVID-19: El 74% de la población rural es más vulnerable

7 mayo 2020

Riesgo. ¿El coronavirus es un virus democrático? La desigualdad de condiciones de salubridad en el país evidencia que no. Falta de agua potable, saneamiento, refrigeradores, uso de combustibles contaminantes y problemas de hacinamiento ocasionan que los pobladores con menos servicios básicos sean blanco fácil de la enfermedad. El 29,3% de peruanos afronta la pandemia en esa situación.

Un estudio realizado por el economista y director de investigación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL) de la PUCP, Jhonatan Clausen, revela que en nuestro país las condiciones desiguales de vida y de acceso a servicios básicos determinan que los más vulnerables en esta pandemia son los habitantes de zonas rurales.

La investigación detalla seis elementos que complican la vida de los peruanos durante el estado de emergencia: falta de acceso al agua potable, ausencia de servicios de saneamiento, uso de combustibles contaminantes para cocinar, hacinamiento y ausencia de refrigeradores en los hogares.

A nivel nacional, en zona rural, estas carencias perjudican al 73,7% de sus habitantes. “Por eso, hay que evitar a toda costa que el Covid-19 se expanda ahí porque es donde se presentan mayores dificultades en estas dimensiones y, además, la posibilidad de acceder a la salud pública es casi nula. Si se intensifica el virus será mortal para esta población”, alertó el también profesor del Departamento de Economía de la PUCP.

Elementos necesarios
¿Cómo estos indicadores incrementan el riesgo de contagio? Clausen los detalla a La República: “Sin agua no se puede cumplir con el consejo del lavado constante de manos”. A inicios de la emergencia, este diario alertó que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 22,3% de la población no cuenta con este servicio.

Y ese dilema se complementa con el segundo índice: la falta de servicios de saneamiento. Sin eso, enfatizó el economista, prevalece el riesgo de que los habitantes en confinamiento social contraigan otras patologías.

Históricamente, la falta de agua potable y saneamiento fue letal en las pandemias, según el historiador Daniel Parodi. Naciones Unidas indica que cada persona necesita entre 20 y 50 litros de este líquido para vivir de forma saludable. Como sabemos, en las zonas pobres del Perú, en este contexto, eso es una utopía.

Respecto al uso de combustibles: Clausen explicó que en los hogares rurales con menos recursos económicos las familias apelan al carbón o la leña para cocinar sus alimentos. “Sus emanaciones afectan a los pulmones”, recordó. Y, cabe precisar, uno de los primero sistemas golpeados por el Covid-19 es el respiratorio.

Además, está el hacinamiento. Existen hogares donde conviven varias personas y, por ende, es imposible mantener el distanciamiento recomendado. Si alguien llega a enfermarse allí, debido al aglomeramiento en la propia vivienda, basta que un miembro se infecte para contagiar a toda su familia.

Eso se complica más si en casa viven personas con condiciones crónicas: diabetes, hipertensión; etc. De ser afectados por la pandemia, la tasa de mortalidad en ellos es trágica. Un paciente con estas enfermedades y a su vez infectado de coronavirus, es un potencial hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un nosocomio.

Y, finalmente, la falta de refrigeradora también es un factor vinculado a los congestionamientos de personas en los mercados. La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) demostró que el 74% de habitantes compra sus víveres ahí. Cuando no hay forma de mantener congelados los alimentos, su duración disminuye. Por eso, según Clausen, la población acude constantemente a los centros de abastos, lugar que, como sabemos, es un foco infeccioso.

Desigualdad en hogares
“Utilizando información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2018, nuestros resultados muestran que el 29,3% de personas en el Perú viven en hogares que padecen carencias en, por lo menos, tres de los seis indicadores antes mencionados”, sostiene la investigación del director de investigación de IDHAL.

En la selva urbana la incidencia es de 34,2% y en la rural es 77,3%. Loreto es un ejemplo: sus habitantes presentan esas limitaciones y es la cuarta región con más contagiados.

Los indicadores se miden aparte de la pobreza monetaria. La desigualdad social en la población también demuestra que la ayuda económica del Gobierno (bonos de S/ 380 y retiro de fondos de las AFP) no es suficiente para garantizar el cumplimiento y las condiciones sanitarias del aislamiento obligatorio.

El estudio de IDHAL evidencia que en la costa, sierra y selva rural, el 37% de las personas no cuentan con servicios básicos y viven en condiciones insalubres y no son, a su vez, pobres monetarios. “Esto refleja un patrón que ya conocemos bien: las medidas de pobreza monetaria son muy útiles, pero necesitan ser complementadas con otras medidas no monetarias porque no siempre identifican a la misma población”, reflexiona Clausen.

Por eso –sostiene– el Covid-19 no es un virus democrático. Con las carencias de la población, lo más probable es que los efectos de la pandemia sean de manera desigual entre los miembros de la sociedad. “¿Terminaremos esta crisis aún más multidimensionalmente desiguales de lo que ya éramos?”, cuestiona.

Debido a que cada región tiene distintas características y problemáticas, también su curva de infección y el rango de reproducción del virus (R) son diferentes. Por eso, las soluciones que se asomen –enfatizó el economista– deben ser focalizadas e ir a la par, a mediano plazo, con la facilitación de los servicios en cuestión. Sobre todo en zona rural. Según el censo del INEI del 2017, son más de 6 millones de habitantes los que conforman ese sector.

“La focalización es una idea interesante y que puede aplicarse. Pero habría que ver cuál es la capacidad estatal para cumplir eso. Perú no es Corea del Sur. Tenemos capacidades limitadas. Un ejemplo de eso fue con la inmovilización de hombres y mujeres, que no resultó”, acotó.

Lo mínimo que debe hacer el Estado –alega Clausen– es proveer de servicios básicos a la población en esta emergencia. “Son planes que no se pueden atender mañana mismo, pero tienen que ver con políticas de salubridad y de vivienda urgentes. Si vamos a aceptar que vamos a vivir con el Covid-19, deben activarse las condiciones de salubridad”, sentenció.

Flexibilización sin capacidad
En ese dilema, la curva de casos aún no presenta un descenso: continúa galopando y las UCI penden de un hilo. El Ejecutivo todavía no define si el confinamiento será ampliado luego del 10 de abril. Lo concreto es que mientras no haya cura del coronavirus, todos estamos expuestos al contagio. Aunque a ese riesgo se suma la recesión económica, que también golpea.

El Gobierno ha anunciado la liberación de ciertos sectores productivos cumpliendo protocolos de prevención. “¿Cuál es la capacidad del Estado para verificar que esto se cumpla y se implemente?”, cuestiona Clausen. Para el economista, en abstracto, levantar estas actividades, si cumplen con los requisitos, parece lógico y seguro. Pero en la práctica –se pregunta Clausen–, ¿estamos en la capacidad?

No está claro

  • Para el director de investigación de IDHAL, Jhonatan Clausen, se entiende el énfasis del Gobierno en reactivar la economía. “Pero lo cierto es que no nos queda claro si un posible levantamiento de la cuarentena se dará en un contexto en que no se sabe si habrá o no aumento de la curva de casos de coronavirus”.

Indicadores mundiales de riesgo ante la pandemia

  • El estudio elaborado por el economista Jhonatan Clausen toma de referencia una investigación de Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), en el que se advierte el riesgo que implica la pandemia del coronavirus para las personas que padecen tres condiciones en medio de la propagación de la enfermedad: desnutrición, falta de acceso al agua y uso de combustibles contaminantes al cocinar.
  • En el mundo, 472 millones de personas sufren de esos tres indicadores. Mientras que, según el Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM-G) revela que a nivel internacional existen 355 millones de habitantes calificados como pobres multidimensionales. Esto sin contar, cabe precisar, con las limitaciones económicas, lo cual explica el comportamiento de determinados sectores en el confinamiento. Los tres elementos –presentados por OPHI– evidencian que la forma de vida de los niveles socioeconómicos con menos servicios los vuelve vulnerables.

Fuente: larepublica.pe

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